Ante el previsible aumento de la litigiosidad, en relación a cláusulas abusivas en escrituras hipotecarias, como consecuencia de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 21 de diciembre de 2016, en relación con las cláusulas suelo, el Consejo General del Poder Judicial, en este contexto, se ha visto obligado a llevar a cabo un plan de urgencia, en vista a poder dar salida a todo el trabajo esperado, y a proceder a la especialización de un total de 54 juzgados de Primera instancia en el territorio nacional (uno por provincia peninsular y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos balear y canario). El plan estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2017, pero será susceptible de prórroga en caso de necesidad. Si bien, debe tenerse en cuenta, que estos órganos continuarán conociendo de estos asuntos hasta la conclusión de los mismos.

El TJUE, mediante Sentencia de fecha 9 de marzo de 2017, dictada en el asunto C-398/15, concluye que no existe derecho al olvido en relación con los datos personales recogidos en el registro de sociedades, si bien, tras la expiración de un plazo suficientemente prolongado después de la liquidación de la sociedad de que se trate, los Estados miembros pueden establecer el acceso restringido de terceros a estos datos en casos excepcionales.

El pasado 16 de febrero de 2017, con motivo de la cuestión de inconstitucionalidad promovida por el Juzgado Contencioso Administrativo 3 de Donostia, el Tribunal Constitucional se pronunció por primera vez acerca de la constitucionalidad del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que había sido puesta en tela de juicio toda vez que, aun habiendo una falta de incremento del valor como consecuencia de la transmisión de un terreno de naturaleza urbana, ello se consideraba como supuesto de sujeción.