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DECRETO LEY 34/2020, DE 20 DE OCTUBRE, DE MEDIDAS URGENTES DE APOYO A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DESARROLLADA EN LOCALES DE NEGOCIO ARRENDADOS

22-10-2020

El pasado 20 de octubre, la Generalitat de Cataluña aprobaba el Decreto Ley 34/2020 de medidas de apoyo a la actividad económica desarrollada en locales de negocio arrendados, por el que se obliga a los propietarios a reducir el alquiler hasta un 50% del precio actual a aquellos empresarios cuyos negocios se hayan visto afectados con los cierres y reducciones de horarios decretados para hacer frente a la COVID-19.

El Decreto Ley consta tan solo de dos artículos. En primer lugar, siempre que los contratos de arrendamiento estén suscritos a partir del 1 de enero de 1995, la parte arrendataria podrá, a través de burofax u otro medio fehaciente, “requerir una modificación razonable y equitativa de las condiciones del contrato, con la finalidad de restablecer el equilibro de las prestaciones y de acuerdo con las exigencias de la buena fe y de la honradez en los tratos”.

Por consiguiente, propietario y arrendatario dispondrán un mes para pactar la rebaja, y en caso de no llegar a un acuerdo, de conformidad con el artículo 2 de la norma en cuestión, las reglas aplicables serán las siguientes:

  • En caso de negocios con suspensión de la actividad, la renta y otras cantidades debidas por la parte arrendataria se reducirán al 50% mientras perdure esta situación. Los restaurantes, bares, etc. con servicio de envío a domicilio o venta de productos para llevar, se considera que el negocio está cerrado y por tanto, la rebaja también será de la mitad del precio.                                                                                                                          
  • En empresas y actividades con restricciones de aforo o de servicios, la rebaja será proporcional y siempre repartida entre propietario y arrendatario. En el caso que haya una restricción parcial de la actividad, las rentas se deberán reducir en una proporción igual a la mitad de la pérdida del espacio útil del inmueble, medida tanto en reducción de aforo como en limitación de horarios.

Asimismo, el arrendatario podrá exigir al propietario que cobre las rentas y otros gastos vencidos de las garantías que obren en su poder, con excepción de la fianza legal obligatoria y otras garantías depositadas en el organismo oficial competente. La reducción de renta será efectiva desde la fecha en que el arrendatario requiera la modificación de las condiciones contractuales, por tanto, el arrendador deberá abstenerse de emitir factura hasta transcurrido el plazo de un mes para negociar o en el caso de ser anterior, hasta la fecha en que se llegue a un acuerdo. 

Con todo, si las restricciones de suspensión de la actividad se alargaran por más de tres  meses en el transcurso de un año a contar desde la entrada en vigor de esta norma, el arrendatario podría rescindir el contrato de alquiler sin penalización, siempre que preavisase con un mes de antelación.

Además, y de forma complementaria, la Generalitat de Cataluña ha aprobado un fondo de ayudas a empresas y autónomos que hayan sido afectados por las medidas contra la COVID-19 por un valor de 40 millones de euros de los cuales cada beneficiario podrá recibir como máximo 1.500 €. Así como también concederá avales por un total de 15.000 € por beneficiario a devolver en 15 años para reflotar o reabrir el negocio.

 

 

 

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