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Pre-Pack Concursal: Directrices acordadas por los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona el pasado 20 de enero de 2021

09-02-2021

El pasado 20 de enero los jueces mercantiles de Barcelona, dada la falta de regulación en esta materia, han aprobado las directrices para el procedimiento de tramitación del pre-pack concursal.

Se trata de un mecanismo, que cumple con los objetivos marcados por  la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva,  y que tiene su origen en la legislación anglosajona y holandesa y consiste, básicamente, en que el deudor, junto con la supervisión de un experto independiente o administrador en materia de reestructuración, busca posibles adquirentes de toda la empresa, de unidades productivas o de negocio, o de activos en globo, antes de solicitar la declaración de concurso. 

Con ello se pretende que la tramitación del concurso se inicie con la aprobación de dicha venta

Esta anticipación pretender dotar de mecanismos que agilicen la posibilidad de salvaguardar todo o parte de la actividad empresarial, pues permite mantener el valor de los activos empresariales y conservar los puestos de trabajo, algo difícil una vez declarado el concurso, dada la duración media  de estos procesos,  y lamentablemente, el elevado número de nuevos procedimientos cuya iniciación se prevé en los próximos meses y que muy probablemente saturen aún mas si cabe los Juzgados 

La realización de estas operaciones previas a la apertura de un procedimiento de declaración de concurso sobre los activos de la empresa deberá ser puesta de manifiesto en el escrito de comunicación al Juzgado Mercantil de apertura de negociaciones con los acreedores del art. 583 TRLC, o en escrito posterior, dentro de los tres meses siguientes a dicha comunicación. 

En dicho escrito podrá solicitarse el nombramiento del experto independiente o administrador en materia de reestructuración mencionado en el anterior párrafo. 

El juzgado competente para la declaración del concurso tramitará y resolverá esta solicitud. Para admitirla, la solicitud deberá contener, por una parte, el justificante de haber cumplimentado el formulario virtual del Canal de Empresa de la Dirección General de Industria de la Generalitat de Cataluña, para informar de los datos esenciales de las unidades de negocio o activos en situación de crisis empresarial; y por otra, la relación de sociedades, empresas o fondos con los que el deudor haya contactado o se comprometa a contactar durante el proceso para buscar potenciales interesados en la adquisición que se está preparando.

Cabe destacar que la retribución del experto independiente o administrador en materia de reestructuración se calculará con arreglo a las normas del arancel, en cantidad correspondiente a los honorarios de la fase de liquidación, calculada según el número de meses en que efectivamente desarrolle las funciones atribuidas, de conformidad con el Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, por el que se establece el arancel de derechos de los administradores concursales.

Salvo causa justificada, el experto o administrador que sea nombrado será también la administración concursal, una vez declarado el concurso. 

Hasta el momento de la declaración, el experto/administrador deberá respetar las facultades de administración y disposición del deudor respecto de su patrimonio (facultades que se ven mermadas tras la apertura del concurso). 

Entre sus funciones destacan las de asistir y supervisar al deudor en la preparación de operaciones, verificar la regularidad, publicidad y transparencia de las mismas e informar a los acreedores de todo el proceso, pudiendo participar también en las negociaciones.

No obstante, la función principal del experto/administrador es la de emitir el informe final de la gestión realizada, que se pondrá en conocimiento del deudor, del Juzgado competente, de la representación de los trabajadores y de los acreedores más relevantes y, en todo caso, de los acreedores privilegiados y de los públicos. Dicho informe deberá acompañarse de los medios de prueba de que se disponga, y valorar de manera imparcial e independiente la idoneidad de publicidad del proceso para garantizar la máxima participación de los interesados, así como si la información suministrada a los interesados ha garantizado la igualdad de oportunidades y la libre y justa competencia entre ellos; la razonabilidad del precio final para la adquisición del activo, atendidas las circunstancias; si algún interesado ha anticipado a cuenta del precio final cantidades imprescindibles y necesarias para el mantenimiento de la actividad empresarial y su valor durante todo este proceso y una estimación de cómo evolucionaría la valoración del activo declarado el concurso, en caso de no implementarse de manera inmediata la venta preparada.

El deudor deberá acompañar el informe final a la solicitud de la declaración de concurso, así como una propuesta de implementación de una o varias ofertas de compra vinculantes para toda la empresa, unidades productivas o de negocio, o de activos en globo, o, en su caso, propuestas alternativas o complementarias. En el mismo auto de declaración, deberá darse traslado por diez días (contados desde la publicación en el Registro Público Concursal de la declaración de concurso) de dichas propuestas, para que los acreedores o cualquier otro interesado aleguen lo que crean conveniente. Finalizado dicho plazo, y después de que la administración concursal realice el informe previsto en la Ley sobre el plan de liquidación, el Juez autorizará o denegará, mediante auto (sólo susceptible de recurso de reposición), las operaciones de venta preparadas. Como se observa, dichas autorizaciones judiciales se tramitan siguiendo lo dispuesto en el art. 530 TRLC.

Conviene recordar que, en virtud de la Disposición Final Décima del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, que modifica el artículo sexto de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, el próximo día 14 de marzo de 2021 finaliza la moratoria concursal, en principio fijada hasta el 31 de diciembre de 2020 por el Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, pero ampliada por el meritado Real Decreto-ley de noviembre, consistente en la suspensión de la obligación de los deudores de solicitar concurso de acreedores (concurso voluntario), así como la obligación del juez de admitir a trámite el concurso si lo solicitan los acreedores antes de esa fecha (concurso necesario).

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