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Directiva 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre, relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores

08-01-2021

El pasado 4 de diciembre de 2020 el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) publicó la Directiva  2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre, relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, por la cual se derogaba la Directiva 2009/22/EC.

No cabe duda de que la existencia de un mercado cada vez más globalizado y digitalizado conlleva el peligro de que un gran número de consumidores puedan llegar a verse perjudicados por una misma práctica ilícita. Es en base a esa realidad, y en aras de garantizar la protección de los consumidores, por lo cual la Directiva viene a exigir a los Estados miembros que incorporen en sus respectivos derechos procesales al menos un mecanismo de acción colectiva, para que estos puedan entablar medidas de resarcimiento, de forma acumulada o separada a una medida de cesación, en caso de infracción por parte del empresario de la normativa de protección de consumidores contenida en hasta 66 normas de la Unión Europea (véase el anexo I de la Directiva).

Este artículo pretende destacar las principales novedades que la Directiva trae en el ámbito, sobre todo, de las acciones colectivas resarcitorias, en tanto que respecto a las medidas de cesación no se aprecian cambios significativos con lo dispuesto en la Directiva 2009/22/EC, más allá de la posibilidad que se da a los Estados de exigir a las entidades habilitadas a dirigir un requerimiento previo de cumplimiento al empresario infractor. Asimismo, se pretende señalar las necesarias reformas a las que se deberá someter nuestro ordenamiento, a más tardar, el 25 de diciembre de 2022, para adecuarse a lo que esta dispone. 

En primer lugar, conviene significar que son las llamadas entidades habilitadas las que podrán asumir la representación de los consumidores. Estas entidades deberán ser designadas por los Estados Miembros, que tienen la posibilidad de incluir entre ellas a organismos públicos. Es esta la primera de las decisiones que tendrá que adoptar nuestro legislador, esto es, si amplía la legitimación para el ejercicio de las acciones colectivas resarcitorias, mucho menos amplia que la de las acciones de cesación, a organismos públicos, en tanto que actualmente, en los apartados 2, 3 y 5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se limita exclusivamente a las asociaciones de consumidores y usuarios representativas y al Ministerio Fiscal.

Asimismo, el legislador español deberá decidir si mantiene el esquema opt-out al que responden las acciones de representación resarcitorias o si bien se evoluciona hacia un sistema opt-in (apartado 2 del artículo 9 de la Directiva). Actualmente, los consumidores y usuarios cuyos derechos o intereses patrimoniales son objeto de la acción quedan vinculados por la sentencia que se dicte, salvo que manifiesten su voluntad de no quedar vinculados por ella (opt-out). No obstante, existe otro sistema consistente en que la sentencia que se dicte sólo vincula a aquellos consumidores y usuarios que manifiestan su voluntad de quedar vinculados por aquella (opt-in). Es este último sistema es que acoge la Directiva para el caso de las acciones resarcitorias transfronterizas cuando los consumidores y usuarios no sean residentes del país donde la acción en cuestión haya sido interpuesta, pues les obliga a manifestar expresamente su voluntad de quedar vinculados o no por el resultado de esta (apartado 3 del artículo 9).

Otra de las novedades es la decisión de extender las demandas colectivas a todo el bloque comunitario, en tanto que el mecanismo de protección resarcitorio podrá articularse, incluso, con carácter transfronterizo, a través de las llamadas acciones de representación transfronterizas o cross-border representative actions. Así, las entidades habilitadas, que deberán cumplir con los criterios que dispone el apartado 3 del artículo 4 de la Directiva, a las que los Estados Miembros hayan conferido específicamente legitimación para el ejercicio de estas acciones, podrán interponer una acción colectiva en un Estado miembro distinto de aquel en el que haya sido designada. Para ello, debe garantizarse el reconocimiento mutuo de la legitimación procesal de dichas entidades y es por ello por lo que se obliga a los Estados Miembros a comunicar a la Comisión una lista de entidades habilitadas que hayan designado con antelación para ejercitar las acciones transfronterizas (artículo 5 de la Directiva).

No obstante, uno de los aspectos clave que trae consigo esta Directiva es la relativa a la financiación de las acciones resarcitorias por parte de terceros distintos a la entidad habilitada. Este mecanismo, de origen anglosajón, se conoce con el nombre de “third party funding” o “litigation funding” y consiste en que un tercero, normalmente una empresa especializada, facilita a una de las partes que pretende iniciar un litigio los fondos que le sean necesarios para afrontar los costes derivados de ese pleito a cambio de una retribución.

El legislador europeo entiende como necesaria su regulación, pues se tiene que evitar un ejercicio abusivo de la acción colectiva que obstaculizaría la actividad de los empresarios en el mercado interior. El legislador español deberá sopesar entonces la eventual admisión y la regulación de este tipo de financiación. En cualquier caso, deberá configurar mecanismos para evitar conflictos de intereses entre el tercero financiador y la entidad habilitada e impedir que el interés económico que en su ejercicio pueda tener el tercer financiador desvirtúe la razón de ser de las acciones colectivas: la protección de los consumidores. La propia Directiva prevé que las acciones de representación no puedan ser financiadas por competidores de la empresa demandada y señala la necesaria transparencia que deben mostrar las entidades habilitadas. En este sentido, cuando los órganos jurisdiccionales o las autoridades administrativas tengan dudas acerca del cumplimiento de las previsiones dispuestas en la Directiva, podrán exigir a las entidades habilitadas que les comuniquen un resumen financiero de las fuentes de financiación utilizadas para apoyar la acción colectiva.

Es precisamente con el objetivo de evitar que las acciones colectivas acaben convirtiéndose en oportunidades de inversión para terceros cuyo único interés sea el rendimiento de su inversión y no el resultado del litigio, por lo que la Directiva recuerda, en sus Considerandos 10 y 42, que no se debe posibilitar la imposición de indemnizaciones punitivas. Bruselas se aparta, por tanto, del modelo estadounidense, donde este tipo de pleitos dan lugar a compensaciones desorbitadas como consecuencia de los llamados daños punitivos o “punitive damages”, que consisten en cantidades económicas, normalmente muy elevadas, que se suman al importe del perjuicio efectivamente ocasionado a la víctima con la finalidad de castigar la conducta del responsable y evitar que se lucre con sus actos antijurídicos. Las grandes indemnizaciones que se generarían si se introdujese esta institución en nuestros sistemas legales llevarían a una proliferación de los financiadores de pleitos, con el riesgo de que las indemnizaciones se acaben desviando a estos terceros financiadores en lugar de a los demandantes que buscan reparación.

La transposición de la Directiva también deberá traer consigo una modificación de la regulación de la litispendencia, pues esta disposición normativa manda a los Estados miembros a regular los efectos que la interposición de una acción resarcitoria tiene sobre otras acciones colectivas que tengan el mismo objeto o sobre las acciones individuales de aquellos que hayan optado por no quedar vinculados por la acción colectiva, así como a establecer medidas para garantizar que los consumidores no sean indemnizados más de una vez por el mismo objeto y causa contra el mismo empresario (apartado 4 del artículo 9 de la Directiva). También deberán incorporarse previsiones sobre la suspensión o interrupción de la  caducidad o prescripción de las acciones individuales de los consumidores representados como consecuencia de haberse iniciado una acción colectiva de cesación o resarcitoria (artículo 16 de la Directiva) y deberá regularse el acceso a fuentes de prueba con el objetivo de que las entidades habilitadas puedan obtener de forma anticipada documentación e información que esté en poder del empresario o de terceras personas y que sea relevante para la acción de representación (artículo 18 de la Directiva).

Finalmente, España deberá regular los llamados acuerdos de resarcimiento, que posibilitan la resolución de los conflictos por vía amistosa. Estos acuerdos deberán ser homologados expresamente por el juzgado y tribunal (artículo 11 de la Directiva).

 

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