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EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RECONOCE EL DERECHO DE LOS DETENIDOS A ACCEDER AL ATESTADO Y SE PRONUNCIA POR PRIMERA VEZ SOBRE EL EFECTO VINCULANTE DE LAS DIRECTIVAS NO TRANSPUESTAS

20-02-2017

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional resolvió mediante Sentencia de 30 de enero de 2017 el Recurso de Amparo interpuesto contra la denegación de un procedimiento de habeas corpus, en el que se alegaba la vulneración de los derechos a la libertad, a la información sobre las razones de la detención, a la defensa letrada y a la tutela judicial efectiva (artículos 17 y 24 de la Constitución Española, en adelante CE), al haberse denegado al letrado el acceso al expediente instruido, siendo éste un derecho reconocido en el artículo 7 de la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, no transpuesta al Ordenamiento Jurídico Español al tiempo de los hechos.

Si bien el Tribunal Constitucional ya había declarado con anterioridad que el principio de primacía del derecho primario y derivado de la Unión, así como de la jurisprudencia emanada de la Jurisprudencia Comunitaria, se ajustaba a nuestro Ordenamiento Jurídico Constitucional con base en el art. 93 CE, en la referida resolución el Alto Tribunal se ha pronunciado por primera vez sobre el problema relativo al efecto vinculante de las directivas que no han sido transpuestas en el plazo concedido por las mismas.

Al respecto, el Tribunal Constitucional declara que una Directiva comunitaria que no haya sido transpuesta por el legislador español dentro de plazo que la misma pervea, o que lo haya sido de manera insuficiente o defectuosa, será vinculante si contiene disposiciones incondicionales y suficientemente precisas en las que se prevean derechos para los ciudadanos, reconociendo expresamente dicho efecto vinculante a la Directiva 2012/13/UE de 22 de mayo de 2012, desde la fecha en que expiró el plazo para su transposición, esto es el 2 de junio de 2014.

Es por ello que el Tribunal entiende que en el supuesto enjuiciado resulta aplicable el artículo 7 de la citada Directiva, de cuyo apartado 1º se deduce la consagración del derecho de la persona detenida y su abogado a acceder a los materiales del expediente que resulten fundamentales para poder impugnar de manera efectiva la legalidad de la detención, de tal forma que la negativa sin justificación alguna por parte del Instructor a la entrega del material del que ya disponía trajo consigo la vulneración del derecho a la asistencia de letrado ( art. 17.3 CE).

No obstante, debe indicarse que los hechos enjuiciados son anteriores a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, que transpuso la citada directiva, momento en el que el derecho al acceso al expediente pasó a encontrarse reconocido expresamente en el artículo 520.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, consagrando el derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad.

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