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EL TJUE DECLARA NULO EL DESPIDO DE UN TRABAJADOR EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL DURADERA

30-01-2017

El Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona, en su Sentencia de fecha 23 de diciembre de 2016, aplica la doctrina establecida por la Sentencia del TJUE de fecha 1 de diciembre de 2016, dictada a raíz de la cuestión prejudicial planteada por el mismo, acordando declarar la nulidad del despido de un trabajador que se encontraba en situación de incapacidad temporal, por considerar que ello constituye una discriminación por razón de discapacidad, condenando a la empresa a la readmisión, al pago de los salarios de tramitación, así como al pago de una indemnización tanto por daños materiales como morales.

La doctrina del TJUE supone una modificación del criterio jurisprudencial seguido hasta el momento por el Tribunal Supremo, según la cual, “la enfermedad, en el sentido genérico que aquí se tiene en cuenta desde una perspectiva estrictamente funcional de incapacidad para el trabajo, que hace que el mantenimiento del contrato de trabajo del actor no se considere rentable para la empresa, no es un factor discriminatorio en el sentido estricto que este término tiene en el inciso final del art. 14 CE”, criterio también seguido por el propio Tribunal Constitucional en su Sentencia 62/08, en la que manifestó  “que una enfermedad temporal, en cuanto situación que necesariamente afecta a la práctica totalidad de los seres humanos en muy diferentes momentos de su vida profesional, difícilmente puede configurarse en abstracto y con carácter general como un factor de discriminación prohibido por el art. 14 CE (…) una decisión de despido como la aquí analizada, basada en la pretendida incapacidad del trabajador para desarrollar su trabajo por razón de su enfermedad o de su estado de salud, podrá conceptuarse legalmente como procedente o improcedente, en virtud de que se acredite o no la realidad de la causa alegada y de que ésta sea o no efectivamente incapacitante, pero no constituye en sí misma una decisión discriminatoria.”

No obstante, el TJUE obliga a modificar la anterior doctrina de los Tribunales internos, considerando que la perspectiva estrictamente funcional de incapacidad para el trabajo, que hace que el mantenimiento del contrato de trabajo no se considere rentable para la empresa, deberá ceder, necesariamente, ante la prohibición de discriminación por discapacidad –directa e indirecta establecida en la Directiva 2000/78/CEE, como mínimo cuando tal “incapacidad” pueda devenir “duradera”.
 
En aplicación de la anterior doctrina, el Juzgado de lo Social concluye, en el supuesto enjuiciado, que el despido del trabajador accidentado casi dos meses después del accidente, cuando seguía de baja médica y había informado que su reincorporación no sería a corto plazo, constituye una discriminación  directa, por razón de discapacidad; o, alternativamente, indirecta, dado que, a la postre y dada la larga duración de su incapacidad, su despido ha supuesto una “barrera” al impedir su recuperación y, con ella, “la participación plena y efectiva del interesado en la vida profesional en igualdad de condiciones con los demás trabajadores”.

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